Ciudad de México, 3 de junio de 2025 – Las elecciones judiciales del pasado 1 de junio, presentadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum como un ejercicio “histórico” para democratizar el Poder Judicial, han sido calificadas por analistas y líderes de oposición como un paso alarmante hacia la concentración de poder en manos de Morena. Con una participación ciudadana de apenas el 13%, la más baja en la historia de elecciones directas en México, el proceso ha levantado serias dudas sobre su legitimidad y los riesgos que representa para la independencia judicial y el Estado de derecho.
Una reforma impuesta y cuestionada
La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, permitió la elección por voto popular de 881 cargos, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral y cientos de jueces de Circuito y Distrito. Este proceso, que obligó a los mexicanos a enfrentarse a hasta 13 boletas con 3,422 candidatos, fue promovido como una solución a la supuesta corrupción y elitismo del Poder Judicial. Sin embargo, para la oposición, liderada por el PAN, PRI y PRD, se trata de una maniobra para someter a la justicia al control político del partido en el poder.
“Esto no es democratización, es un golpe al sistema de checks and balances”, afirmó Marko Cortés, presidente del PAN. La inclusión de candidatos como Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y otros ligados a intereses del Ejecutivo o con cuestionable preparación jurídica, ha alimentado temores de que el crimen organizado y el gobierno puedan influir en el nuevo sistema judicial. “Morena quiere un Poder Judicial a modo, que no investigue ni sancione sus excesos”, señaló Alejandro Moreno, líder del PRI.
Caos electoral y apatía ciudadana
El Instituto Nacional Electoral (INE), debilitado por recortes presupuestarios y ataques constantes del gobierno, reportó una participación de apenas el 12.57% al 13.32%, equivalente a unos 13 millones de votantes de los 99 millones habilitados. Esta cifra, la más baja en elecciones directas, refleja el rechazo ciudadano a un proceso confuso y mal diseñado. La ausencia de un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la falta de campañas efectivas para dar a conocer a los candidatos y la complejidad de las boletas desalentaron a los votantes. “¿Cómo elegir entre miles de desconocidos en 60 días? Era una trampa para que nadie votara”, comentó Ana López, votante de 45 años en la Ciudad de México.
El INE, bajo la dirección de Guadalupe Taddei, enfrentó críticas por su incapacidad para organizar un proceso transparente y eficiente. Aunque se instalaron casi el 100% de las 83,974 casillas previstas, el escrutinio, realizado en consejos distritales en lugar de casillas, ha sido lento y opaco. Los resultados definitivos, esperados para el 15 de junio, han generado escepticismo, con reportes de irregularidades como boletas marcadas y casillas con más votos que votantes registrados.
Un gobierno que celebra el fracaso
Pese a la debacle participativa, la presidenta Sheinbaum calificó la jornada como un “éxito rotundo” y destacó que 13 millones de mexicanos “votaron libremente”. En un intento de justificar la baja afluencia, comparó la cifra con consultas populares previas, como la revocación de mandato de 2022 (17.77%) y la consulta sobre expresidentes de 2021 (6%). Sin embargo, analistas de derecha consideran esta comparación engañosa, ya que esas consultas no tenían el peso institucional de una elección judicial. “Trece millones de votos no son un mandato popular; son una minoría manipulada por Morena”, afirmó el analista político Carlos Ramírez.
Con el 86.9% de las actas escrutadas, candidatos cercanos al Ejecutivo, como Hugo Aguilar Ortiz, lideran las preferencias para presidir la SCJN, lo que refuerza la percepción de que el proceso favorece a figuras afines al gobierno. La reaparición de López Obrador, quien votó en Chiapas y elogió a Sheinbaum como “la mejor presidenta del mundo”, ha sido interpretada como una señal de que el exmandatario sigue ejerciendo influencia sobre el proceso.
Un futuro incierto para la justicia mexicana
La oposición advierte que estas elecciones marcan un punto de inflexión peligroso para México. “Sin un Poder Judicial independiente, no hay democracia”, sentenció Xóchitl Gálvez, exsenadora y figura clave del PAN. Los críticos señalan que la reforma, lejos de combatir la corrupción, podría institucionalizarla al permitir que el Ejecutivo y sus aliados dominen la justicia. La falta de preparación de muchos candidatos y la ausencia de mecanismos para garantizar su imparcialidad agravan las preocupaciones.
Organismos internacionales, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han expresado inquietud por el impacto de la reforma en los derechos humanos y la separación de poderes. Mientras tanto, el gobierno de Sheinbaum, con una aprobación del 80% según encuestas, parece decidido a consolidar su control, prometiendo ajustes para las próximas elecciones judiciales en 2027, cuando se renovarán más de 1,000 cargos.
Un llamado a la resistencia
Para la derecha mexicana, estas elecciones no son un ejercicio democrático, sino un intento de Morena por consolidar un régimen autoritario. Líderes opositores han convocado a la ciudadanía a exigir transparencia en el cómputo de votos y a presionar por la reversión de la reforma. “No podemos permitir que México se convierta en una dictadura disfrazada de democracia”, declaró Cortés. Mientras el país espera los resultados finales, el futuro del Estado de derecho pende de un hilo, en un momento en que la polarización política no hace más que crecer.
Fuentes: El Financiero, Reforma, Proceso, Infobae, Animal Político, PAN México
