El exmagistrado, exfiscal y exministro de Seguridad de Costa Rica, Celso Gamboa Sánchez, fue detenido el 23 de junio de 2025 por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a solicitud de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Gamboa, de 49 años, enfrenta cargos por tráfico internacional de drogas en un tribunal de Dallas, Texas, y podría convertirse en el segundo costarricense extraditado bajo la reciente reforma constitucional aprobada en mayo de 2025. Esta reforma, que modifica el artículo 32 de la Constitución Política, permite por primera vez la extradición de ciudadanos costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo, marcando un hito en la lucha contra el crimen organizado en el país. La enmienda fue complementada por una reforma a la Ley de Extradición (N.º 4795), impulsada por la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo y aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa, agilizando los procesos para ejecutar estas extradiciones.
La detención de Gamboa, junto con la de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, se realizó en el marco de una operación binacional coordinada con la DEA. Según el director del OIJ, Randall Zúñiga, Gamboa es acusado de liderar una red de narcotráfico con vínculos al Clan del Golfo, el Cártel de Sinaloa y grupos colombianos, facilitando el ingreso de cocaína a Costa Rica para su posterior distribución hacia Centro y Norteamérica. La DEA señala que Gamboa habría obtenido ganancias millonarias, entre medio millón y dos millones de dólares mensuales, según testigos protegidos. Actualmente, Gamboa permanece en una cárcel de máxima seguridad, aunque ha solicitado traslado por preocupaciones sobre su seguridad y ha presentado alegatos de salud, incluyendo cáncer, hipertensión y diabetes, para intentar frenar su extradición. Sin embargo, el Ministerio Público ha solicitado un peritaje médico independiente para verificar estas condiciones.
Las investigaciones de Camilo Rodríguez y su rol en el caso
Camilo Rodríguez Chaverri, un reconocido periodista investigativo independiente en Costa Rica, ha sido una figura clave en destapar las redes de narcotráfico en el país durante los últimos tres años. Rodríguez comenzó a investigar el crimen organizado debido a que su ex-esposa Gabriela Arroyo le interpuso, ayudada por algunos abogados vinculados con grupos criminales, una denuncia para separarlo de sus 3 hijos menores. Comenzó a investigar y encontró muchas pruebas que involucraban no solamente a sus abogados sino también a su propio suegro y una serie de funcionarios del patronato de la infancia, el ex fiscal Dallanesse y el actual detenido y ex funcionario de los gobiernos de Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, Celso Gamboa.
En la investigación encontró nexos entre figuras públicas y el narcotráfico en la provincia de Limón, una zona estratégica para el trasiego de drogas debido a su ubicación geográfica y amplio territorio marítimo. Rodríguez advirtió desde entonces sobre la posible infiltración de redes criminales en instituciones estatales, incluyendo el Poder Judicial y el Ejecutivo.
En 2022, Rodríguez publicó una serie de reportajes que señalaban a Celso Gamboa como una figura central en operaciones de narcotráfico, basándose en fuentes confidenciales y documentos filtrados. En sus más recientes declaraciones, publicadas el 27 de junio de 2025 en una entrevista con un medio digital, Rodríguez afirmó: “Las advertencias que hicimos hace tres años no fueron tomadas en serio por las autoridades, a pesar de las evidencias de nexos entre Gamboa y organizaciones criminales internacionales. Su detención es una validación tardía de lo que veníamos denunciando, pero aún falta investigar a sus cómplices en el ámbito político y empresarial”. Además, señaló que medios como Teletica y La Nación lo han contactado para cuestionar su trabajo tras la detención de Gamboa, lo que él interpreta como un intento de desacreditar sus investigaciones. Rodríguez ha recibido amenazas de muerte, lo que refleja el riesgo de su trabajo en un contexto de creciente influencia del narcotráfico, además el periodista cuenta con gran aceptación y credibilidad entre la población.
Reacciones políticas y tensiones en el panorama nacional
La detención de Gamboa ha generado fuertes reacciones entre las autoridades costarricenses. El presidente Rodrigo Chaves ha intentado desvincular a su gobierno de cualquier relación con Gamboa, a pesar de un informe de la DEA que cita una conversación de 2023 en la que el exmagistrado aseguraba tener facilidades del Ejecutivo para el ingreso de cocaína. Chaves calificó estas acusaciones como “chismes” y criticó al Poder Judicial por no haber actuado antes contra Gamboa, mientras que el director del OIJ, Randall Zúñiga, defendió la colaboración de más de un año con la DEA y señaló “relaciones estrechas” de Gamboa con un asesor presidencial y un ministro actual, sin especificar nombres. Estas declaraciones han intensificado las tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial.
La diputada Pilar Cisneros, principal impulsora de la reforma de extradición, expresó en un comunicado del 25 de junio de 2025: “Muchos costarricenses no duermen tranquilos desde la detención de Celso Gamboa. ¿Quiénes serían sus cómplices? ¿Empresarios, policías, jueces? Los días oscuros del narcotráfico podrían quedar atrás si seguimos actuando con firmeza”. Su postura refleja un llamado a profundizar las investigaciones, aunque no respondió directamente a consultas sobre las acusaciones de la DEA contra el gobierno. Por su parte, el diputado independiente Gilbert Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, lamentó los hechos y destacó la gravedad de que un exministro y exmagistrado esté involucrado en actividades criminales, subrayando la necesidad de transparencia y justicia.
