La Habana, 11 de abril de 2025 – El gobierno cubano ha implementado una nueva medida que prohíbe a empresas extranjeras repatriar los fondos depositados en cuentas bancarias dentro de la isla, según informó la agencia EFE. Esta restricción, que afecta sumas que en algunos casos alcanzan millones de dólares, ha generado profunda inquietud entre los empresarios afectados, quienes han elevado sus quejas a sus respectivos gobiernos.
Fuentes empresariales y diplomáticas, que prefirieron mantenerse en el anonimato, indicaron que las cuentas de varias compañías han sido prácticamente «congeladas», permitiendo únicamente el uso de esos fondos para operaciones internas en Cuba. «No es el dinero del gobierno cubano, es dinero de las empresas», expresó un empresario a EFE, reflejando la frustración del sector.
Como alternativa, las autoridades cubanas han propuesto la creación de un nuevo tipo de cuentas en divisas dentro del país, que supuestamente facilitarían transacciones internacionales. Sin embargo, muchos empresarios se muestran escépticos, recordando experiencias previas con mecanismos como el extinto peso convertible (CUC) o la moneda libremente convertible (MLC), que no resolvieron los problemas de liquidez.
Esta medida se enmarca en la grave crisis económica que atraviesa Cuba, agravada por la escasez de divisas, un sistema bancario con problemas crónicos de liquidez y una inflación galopante. Desde 2024, el acceso a moneda extranjera ha sido cada vez más limitado, y el Estado, en una situación financiera precaria, ha recurrido a los fondos bancarios para importar productos básicos como alimentos y combustible.
Algunas empresas, especialmente aquellas vinculadas al conglomerado militar GAESA, ya operan bajo el modelo de las nuevas cuentas propuestas. No obstante, la mayoría de los empresarios extranjeros consideran que esta restricción podría desincentivar futuras inversiones en la isla, en un momento en que el país necesita desesperadamente capital foráneo para reactivar su economía.
El impacto de esta decisión podría profundizar las tensiones entre el gobierno cubano y la comunidad empresarial internacional, mientras persiste el debate sobre cómo equilibrar las necesidades internas del país con las garantías necesarias para atraer inversión extranjera.
