El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se encuentra en el centro de una tormenta judicial que ha captado la atención tanto dentro como fuera del país. El 26 de marzo de 2025, la Corte Suprema de Brasil aceptó por unanimidad la denuncia presentada por la Fiscalía General, imputando al exmandatario y a siete de sus colaboradores por cargos graves, entre ellos «intento de golpe de Estado», «abolición violenta del Estado democrático de derecho» y «organización criminal armada». Este proceso marca un hito histórico, al ser la primera vez que un expresidente brasileño enfrenta un juicio de esta magnitud, con una posible condena que podría superar los 40 años de prisión. Pero, ¿qué hay detrás de este caso? ¿Es una medida legítima para proteger la democracia o una persecución política contra un líder de la derecha?
El trasfondo del caso
La investigación se centra en los eventos posteriores a las elecciones de 2022, cuando Bolsonaro perdió por estrecho margen ante Luiz Inácio Lula da Silva. Según la Fiscalía, el expresidente lideró una conspiración para mantenerse en el poder, que incluyó la difusión de desinformación sobre el sistema electoral, la presión sobre las Fuerzas Armadas y la redacción de un «borrador golpista» para anular los resultados. El clímax de esta trama habría sido el asalto del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores irrumpieron en las sedes de los tres poderes en Brasilia, exigiendo la intervención militar para revertir la victoria de Lula.
Las pruebas presentadas incluyen testimonios, como el de Mauro Cid, exsecretario personal de Bolsonaro, y documentos que detallan reuniones y planes para subvertir el orden democrático. La justicia ya había tomado medidas previas, como la confiscación de su pasaporte en febrero de 2024 y la prohibición de contacto con otros investigados, pero la decisión de la Corte Suprema eleva el caso a un nuevo nivel.
La narrativa de persecución política
Bolsonaro y sus seguidores han denunciado estas acciones como una persecución política orquestada por el gobierno de Lula y el juez Alexandre de Moraes, una figura clave en el Supremo y blanco frecuente de críticas del bolsonarismo. Desde el despacho de su hijo en el Senado, el expresidente afirmó: «La motivación no es jurídica, sino política. Quieren impedir que me presente en 2026 porque saben que en una contienda justa no hay candidato capaz de vencerme». Esta retórica resuena entre su base, que ve en el proceso un intento de silenciar a la oposición de derecha y consolidar el poder del Partido de los Trabajadores (PT).
El exmandatario también ha recibido respaldo de figuras internacionales de la extrema derecha, como el presidente argentino Javier Milei, quien ha calificado el caso como un «ataque a las libertades». Asimismo, Elon Musk, magnate y propietario de X, ha amplificado estas narrativas, sugiriendo que Brasil está deslizándose hacia el autoritarismo bajo Lula.
Medidas de la justicia brasileña
La justicia brasileña, liderada por el Supremo Tribunal Federal (STF), ha adoptado una postura firme. Además de aceptar la denuncia, el STF ha procesado a cientos de participantes en el asalto de Brasilia, con más de 370 condenas hasta la fecha, algunas de hasta 17 años de prisión. El juez Moraes, relator del caso, subrayó que «existen pruebas razonables» de la implicación de Bolsonaro, incluyendo su conocimiento y aprobación del plan golpista. Entre las medidas cautelares, se mantiene la prohibición de que Bolsonaro salga del país, y se especula que podría enfrentar arresto si el juicio avanza y resulta en una condena.
Este enfoque ha sido elogiado por sectores progresistas como un paso necesario para fortalecer la democracia tras años de tensiones bajo el gobierno de Bolsonaro, quien durante su mandato (2019-2022) cuestionó repetidamente las instituciones y el sistema electoral.
Reacción del gobierno de Lula
El gobierno de Lula ha mantenido una postura de cautela oficial, evitando comentarios directos que puedan interpretarse como interferencia en el poder judicial. Sin embargo, el presidente ha destacado la importancia de «defender la democracia» y ha recordado el asalto del 8 de enero como un ataque intolerable al Estado de derecho. En el plano político, Lula parece aprovechar la debilidad de Bolsonaro para consolidar su base y debilitar a la oposición de cara a las elecciones municipales de 2025 y las presidenciales de 2026.
Analistas sugieren que el PT busca capitalizar el descrédito del bolsonarismo, aunque la inflación y el descontento social podrían complicar esta estrategia. En el aniversario del asalto, Lula reiteró su compromiso con las instituciones, un mensaje que contrasta con las acusaciones de autoritarismo provenientes del campo bolsonarista.
Reacciones internacionales
El caso ha generado reacciones divididas entre aliados y adversarios de Brasil. Gobiernos progresistas, como el de Colombia bajo Gustavo Petro, han aplaudido las medidas judiciales, viéndolas como un ejemplo de rendición de cuentas frente a amenazas antidemocráticas. Por otro lado, líderes conservadores y de extrema derecha, como Donald Trump (quien invitó a Bolsonaro a su toma de posesión en 2025) y Viktor Orbán de Hungría, han expresado solidaridad con el expresidente. Orbán, de hecho, ofreció refugio a Bolsonaro en su embajada en 2024, un incidente que alimentó especulaciones sobre un intento de fuga.
Países tradicionalmente neutrales, como Francia y Alemania, han evitado tomar partido, pero han enfatizado la importancia de respetar el Estado de derecho. Mientras tanto, la prensa internacional, desde The New York Times hasta El País, ha destacado el caso como una prueba crucial para la democracia brasileña en un contexto global de auge populista.
Un futuro incierto
El juicio contra Bolsonaro no solo determinará su destino personal, sino que también podría redefinir el panorama político de Brasil. Si es condenado, se sentaría un precedente contra intentos de subvertir la democracia, pero también podría radicalizar aún más a sus seguidores, alimentando la polarización. Si, por el contrario, logra evadir la justicia, su figura podría fortalecerse como mártir de la derecha.
En un país donde la democracia ha enfrentado desafíos desde el fin de la dictadura militar en 1985, el caso Bolsonaro plantea una pregunta fundamental: ¿hasta dónde llegarán las instituciones para protegerse de sus propios líderes? Mientras el proceso avanza, Brasil camina sobre una cuerda floja, observado por un mundo que también lidia con sus propias tensiones democráticas.
