Washington D.C., 25 de marzo de 2025 – El presidente Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva que introduce cambios significativos en el proceso electoral de Estados Unidos, incluyendo la exigencia de presentar pruebas documentales de ciudadanía, como un pasaporte o una identificación REAL ID, para registrarse y votar en elecciones federales. La medida, titulada “Preservación y Protección de la Integridad de las Elecciones Americanas”, también establece que todos los votos deben recibirse antes del cierre de las urnas el día de las elecciones, eliminando la aceptación de boletas enviadas por correo que lleguen después de esa fecha.
La orden, anunciada desde la Casa Blanca, busca, según el presidente, “proteger la integridad de las elecciones” y evitar lo que él describe como “fraude electoral masivo”. Trump afirmó durante la firma: “Esto acabará con el fraude, o al menos lo reducirá mucho. Tenemos que arreglar nuestras elecciones”. El decreto ordena a la Comisión de Asistencia Electoral (EAC, por sus siglas en inglés) modificar el formulario federal de registro de votantes para incluir este requisito y amenaza con retener fondos federales a los estados que no cumplan con las nuevas disposiciones.
La iniciativa ha generado reacciones polarizadas. Por un lado, sectores conservadores han celebrado la medida como un paso necesario para garantizar elecciones “libres, justas y honestas”. En redes sociales, aliados de Trump han destacado que el requisito de ciudadanía busca prevenir la participación de no ciudadanos, un problema que, según ellos, afecta la confianza en el sistema electoral, aunque estudios académicos han demostrado que el voto de no ciudadanos es extremadamente raro.
Por otro lado, defensores de los derechos de voto y líderes demócratas han advertido que la orden podría privar del derecho al voto a millones de ciudadanos estadounidenses, especialmente a personas de bajos ingresos, adultos mayores y minorías que no cuentan con fácil acceso a documentos como pasaportes o certificados de nacimiento actualizados. La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, calificó la acción como “ilegal” y una “arma del gobierno federal para suprimir votantes”, prometiendo impugnaciones legales inmediatas. Expertos en leyes electorales, como Rick Hasen de UCLA, han señalado que el presidente carece de autoridad constitucional para imponer tales requisitos, ya que la regulación de elecciones recae principalmente en los estados y el Congreso.
La orden también instruye al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por Elon Musk, a revisar las listas de votantes estatales para identificar posibles no ciudadanos, una medida que ha levantado preocupaciones entre activistas sobre el riesgo de purgas erróneas de votantes naturalizados. Además, revoca una orden ejecutiva de 2021 del expresidente Joe Biden que promovía el acceso al registro de votantes.
Con esta acción, Trump cumple una promesa de campaña de larga data, intensificando su narrativa sobre la necesidad de reformar el sistema electoral tras sus afirmaciones, sin evidencia, de fraude en las elecciones de 2020. Sin embargo, el futuro de la orden es incierto, ya que expertos anticipan múltiples demandas judiciales que podrían frenarla, argumentando que viola la autoridad estatal y federal establecida por la Constitución. Mientras tanto, el país observa cómo esta medida podría redefinir el acceso al voto en las próximas elecciones.
